Senado de la República aprobó, con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones, un dictamen para imponer penas de dos a seis años de prisión, además de una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quienes realicen terapias de conversión sexual, consideradas prácticas que menoscaban la integridad de las personas.
El documento, enviado al Ejecutivo Federal para su promulgación, establece que estas sanciones se aplicarán a quienes realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que afecte la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.
Las reformas propuestas adicionan un artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y un artículo 465 Ter a la Ley General de Salud, y especifican que la pena se duplicará cuando las conductas se dirijan contra menores de 18 años, adultos mayores o personas con discapacidad.
En caso de que los padres, madres o tutores sean responsables de estas acciones, podrán ser sancionados con amonestación o apercibimiento, a discreción del juez.
El texto también establece que aquellos que tengan una relación laboral, docente, doméstica, médica u otra que implique subordinación con la víctima, o que se valgan de su posición pública para cometer el delito, enfrentarán la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos durante un período equivalente a la pena impuesta.
Asimismo, los profesionales de la salud que participen en estas prácticas serán suspendidos en el ejercicio de su profesión de uno a tres años, además de enfrentar las sanciones previstas en el Código Penal Federal.
El proyecto de decreto establece que la presentación de una denuncia será suficiente para iniciar la investigación de los hechos que constituyan este delito.
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