El ministro de la primera sala, Luis Alcántara Carrancá, enfrenta las controversias en torno a la investigación judicial que implica a Arturo Zaldívar, afirmando que no se trata de una ‘cacería de brujas’ sino de una obligación de rendición de cuentas.
En un ambiente cargado de tensiones políticas, Alcántara Carrancá se distancia de las interpretaciones que buscan desacreditar el proceso como un ataque personalizado, subrayando la importancia de la transparencia en el ejercicio judicial.
Durante una reciente entrevista con el canal del Poder Judicial de la Federación, el ministro enfatizó la necesidad de que los jueces expliquen cómo utilizan los recursos estatales en sus procedimientos judiciales.
"Nosotros tenemos una obligación de rendir cuentas de forma permanente", señaló, agregando que las sanciones impuestas deben servir como ejemplos de integridad y no como herramientas de persecución.
"Es esencial entender que los procesos de rendición de cuentas no deben temerse, especialmente si son resultado de denuncias ciudadanas", explicó Alcántara Carrancá, haciendo hincapié en la importancia de investigar de manera exhaustiva para determinar responsabilidades.
La declaración busca restablecer la confianza en un sistema donde las acusaciones de politización frecuentemente ensombrecen los procedimientos judiciales.
En el contexto de las elecciones próximas, el ministro también tocó el tema del juicio político contra la ministra presidenta Norma Piña, observando cómo estas acciones pueden estar influenciadas por motivaciones electorales.
"Cuándo algunos legisladores anuncian la necesidad de un juicio político, lo hacen en un contexto claramente electoral", comentó, refiriéndose a la manipulación política de los juicios para ganar apoyo popular.
Esta situación, según él, revela cómo las acusaciones pueden estar más arraigadas en estrategias políticas que en verdaderas faltas legales.
Finalmente, el ministro Alcántara concluyó con una crítica hacia quienes promueven el juicio político sin bases sólidas, describiéndolo como un acto de propaganda electoral más que un esfuerzo genuino por la justicia.
"No hay elementos para tal cosa", afirmó, refiriéndose a la solicitud de juicio contra Piña.
Esta postura sugiere una defensa firme no solo de sus colegas sino también de la estructura y función del Poder Judicial, donde la rendición de cuentas y la transparencia deben prevalecer sobre los intereses políticos temporales.
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