El ministro en retiro, Arturo Zaldívar anunció que buscará un juicio político y presentará múltiples denuncias contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (), .
Piña recientemente solicitó investigar la gestión de Zaldívar y sus excolaboradores por presuntos actos de corrupción en la Corte.
Zaldívar presentará una solicitud de juicio político contra la presidenta de la Norma Piña, después de que esta ordenara iniciar investigaciones por supuestos actos de corrupción y por "vulnerar la autonomía e independencia" del Poder Judicial durante el mandato de Zaldívar en la Corte.
Informó que las denuncias incluirán delitos contra la administración de justicia, ejercicio ilícito del servicio público y uso ilegal de fondos, entre otros.
En total, se presentarán dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (), dos ante la Fepade, una ante el Instituto Nacional Electoral (), una ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (), otra ante la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal (), además de la solicitud de juicio político.
La presidenta de la SCJN, Norma Piña, en su calidad de presidenta del CJF, ordenó iniciar investigaciones contra Arturo Zaldívar y sus excolaboradores por presuntos actos de corrupción y por "vulnerar la autonomía e independencia" del Poder Judicial.
Esta acción se deriva de una denuncia anónima recibida el 9 de abril, en la que se acusa a Zaldívar de "vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros".
Además de Zaldívar, se acusa al entonces secretario general de Presidencia del consejo, Carlos Antonio Alpízar Salazar, de presunto enriquecimiento ilícito, corrupción y/o extorsión, y a otros exfuncionarios del consejo de diversos delitos.
Arturo Zaldívar afirmó que la investigación tiene motivaciones políticas para desacreditar a exfuncionarios del CJF que emitieron criterios favorables al gobierno del presidente López Obrador.
También acusó a la ministra Piña de violar la normativa al admitir la queja anónima sin respetar el principio de presunción de inocencia ni presentar pruebas.
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