El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, enfatizó la necesidad de replantear la política de "abrazos y no balazos" por una estrategia de seguridad contundente para blindar el proceso electoral de este año en medio de la creciente violencia en el paísEn una declaración urgente, Romero expresó sus condolencias a los afectados por los recientes episodios de violencia que han estremecido a diversas regiones del país, incluyendo Michoacán, Guerrero, Estado de México y Zacatecas, donde han perdido la vida actores políticos, ciudadanos, transportistas y agentes del orden.
"Los acontecimientos de los últimos días nos señala la urgencia de replantear la política de abrazos y no balazos, que únicamente ha ocasionado que la inseguridad y el crimen organizado se estén haciendo cada vez más presentes", subrayó.
En este sentido, hizo un llamado a la acción legislativa para garantizar la seguridad de los mexicanos durante el proceso electoral.
Destacó la importancia de la comisión para el seguimiento del proceso electoral en la Cámara de Diputados, cuya tarea principal será detectar y denunciar posibles delitos electorales.
"Ser candidata y candidato ya es un deporte de alto riesgo en este país; no obstante, es importante señalar que este tema de inseguridad no solamente atañe a las o los candidatos, sino también a la ciudadanía que busca ejercer sus derechos electorales", señaló.
Romero también criticó la falta de propuestas sobre seguridad en las iniciativas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso el pasado 5 de febrero, calificando la omisión como "muy grave".
"La seguridad es quizás la mayor deuda de este gobierno con las y los mexicanos, y en Acción Nacional lamentamos la grave ausencia de propuestas que busquen solucionar esta grave crisis dentro de las iniciativas enviadas por el presidente", aseguró.
Un informe reciente del Laboratorio Electoral ha revelado una preocupante cifra: en los últimos nueve meses, 33 personas vinculadas al proceso electoral han sido asesinadas.
De estas víctimas, 16 estaban compitiendo por cargos de elección popular.
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Enero destacó como el mes más violento, con ocho asesinatos registrados.
Este patrón se alinea con la tendencia histórica que relaciona la definición de candidaturas con picos de violencia.
De los 16 aspirantes asesinados, cinco eran de Morena, cuatro del PAN, tres de Movimiento Ciudadano, dos del PRD y uno del PRI y del Partido Verde, respectivamente.
El informe también revela que se han registrado 50 casos adicionales de violencia, incluyendo 11 atentados, dos amenazas y cuatro casos de secuestro o desaparición.
Las ejecuciones se han extendido a 13 entidades, siendo Guerrero la más afectada con ocho casos.
Veracruz y Michoacán le siguen de cerca, con cinco casos cada una.
Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Morelos y Zacatecas también han experimentado casos de violencia electoral, aunque en menor medida.
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