En un esfuerzo por fortalecer el marco jurídico que combate el trabajo infantil en México, legisladoras de Morena han presentado una iniciativa de reforma que involucra a diversas instancias gubernamentales, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sindicatos, empresas y gobiernos locales.
La propuesta, liderada por las diputadas Susana PrietoAdriana Bustamante, busca reconocer formalmente a la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida (Citi), la cual fue creada hace una década por un acuerdo presidencial.
La reforma al artículo 173 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establecería las funciones, alcances e integrantes de la Citi dentro de la legislación laboral.
Además, se otorgaría voz y voto en esta instancia a la OIT y a los representantes patronales y sindicales.
El problema del trabajo infantil en México es alarmante: de 2019 a 2022, se registró un aumento del 14% en el número de niñas, niños y adolescentes trabajando, alcanzando la cifra de 3.
7 millones de personas, según la Encuesta Nacional de Trabajo InfantilA pesar de que la Citi ha estado operando durante casi una década, carece de respaldo legal específico para garantizar la implementación de sus recomendaciones y políticas.
Por ello, la propuesta también busca mejorar la coordinación interinstitucional a nivel federal, estatal y municipal.
Además, se plantea un cambio importante en la terminología utilizada en la LFT: en lugar de referirse a la población protegida como "menores", se utilizaría el término "niñas, niños y adolescentes", reconociendo así la personalidad de quienes están en la infancia y la adolescencia.
La iniciativa plantea que la , junto con las cámaras patronales y los sindicatos, se conviertan en invitados permanentes de la comisión, con voz y voto, lo cual constituiría un cambio ya que hasta ahora solo tenían derecho a voz.
Además, se propone que su participación sea honorífica y con una duración de dos años, pudiendo ser convocados para períodos subsecuentes.
Para las diputadas impulsoras de la reforma, esto permitiría un nuevo diálogo social con enfoque tripartito, donde las organizaciones empresariales y sindicales serían actores clave en la elaboración de estrategias para combatir el trabajo infantil.
Otro aspecto importante de la iniciativa es el compromiso de las entidades federativas y municipales para crear e instalar su Comisión Local en un plazo de tres meses posterior a su inicio de gobierno.
Esto es fundamental, ya que muchas entidades carecen de un plan de acción o políticas públicas reguladas para combatir el trabajo infantil y proteger el trabajo adolescente permitido.
Si el Congreso avala estos cambios, se argumenta que se avanzaría en el cumplimiento de los compromisos establecidos en los convenios internacionales sobre trabajo infantil de la OIT.
Además, se espera que fortalecer el marco jurídico de la Citi mejore las políticas públicas y acciones dirigidas a prevenir y atender a las niñas, niños y adolescentes en situaciones de trabajo infantil.
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