Primo Dothé Mata, representante de , presentó una iniciativa destinada a asegurar el reembolso del precio del boleto en situaciones de clonación o cancelación de eventos por parte de empresas o proveedores de espectáculos.
Dothé Mata hizo hincapié en la necesidad de regular esta área, señalando que aunque las compañías de espectáculos poseen políticas de reembolso para eventos suspendidos o cancelados, carecen de una obligación legal para garantizar dicho pago.
La propuesta del legislador busca modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor, proponiendo que el reembolso sea completo y se realice en un plazo máximo de 15 días naturales.
Esta medida pretende brindar una mayor protección a los consumidores ante situaciones imprevistas que afecten la realización de eventos para los cuales adquirieron boletos.
El senador, hizo énfasis en la urgencia de abordar el problema de la clonación de boletos, una situación que deja a los usuarios sin acceso a eventos debido a la duplicación de sus entradas.
Recordó el incidente relacionado con el artista Bad Bunny para respaldar su argumento.
Aunque la empresa se comprometió a reembolsar el 120 por ciento del valor de los boletos duplicados, el senador enfatizó la necesidad de elevar esta medida a nivel constitucional para salvaguardar los derechos de los consumidores.
El representante de Morena subrayó la importancia de no ignorar esta problemática en el país.
Destacó el impacto positivo que tiene la industria del entretenimiento en la generación de empleos, el estímulo al turismo, los ingresos fiscales y la inversión en infraestructura, razones adicionales para abordar con seriedad esta cuestión.
Cuando se enfrenta la situación de un boleto clonado en Ticketmaster, es esencial entender la diferencia entre la reventa, que constituye una falta cívica, y la clonación de boletos, que puede derivar en una denuncia penal por "".
Víctor Manuel Alonso Inclán, experto de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, destaca que la clonación de boletos puede ser objeto de una investigación que comienza desde la persona que vendió el boleto o facilitó su tarjeta.
El fraude está categorizado como un delito doloso, lo que implica la posibilidad de emprender acciones legales al respecto.
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