La presentación del próximo paquete de reformas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador para el 5 de febrero ya cuenta con el respaldo anticipado de la bancada de en la Cámara de Diputados.
Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, aseguró que la defensa de estas propuestas se llevará a cabo con convicción, congruencia y consistencia política.
“Defenderemos y debatiremos transparente y abiertamente con el resto de diputados y diputadas hasta lograr los consensos que permitan su aprobación”, enfatizó.
Según el coordinador, estas iniciativas tendrán como objetivos principales la democratización y fortalecimiento del Poder Judicial, así como mejoras en los derechos sociales y económicos de los trabajadores.
Este conjunto de iniciativas constituirá el último paquete de reformas constitucionales que podrá presentar el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de concluir su mandato en octubre de este año.
Jefe del Ejecutivo espera que su alianza de partidos logre recuperar la mayoría de dos tercios en el , necesaria para modificar la carta magna, tras la pérdida en las elecciones intermedias de 2021.
López Obrador resaltó que estas propuestas buscan revertir las reformas implementadas durante el "periodo neoliberal".
Entre las medidas anunciadas se incluye la iniciativa para garantizar que el salario mínimo siempre aumente por encima de la inflación y la transformación del sistema de pensiones para que los trabajadores se jubilen con su salario completo.
Aunque no proporcionó detalles sobre todas las propuestas, el presidente ha mencionado previamente la reforma constitucional que permitiría a los ciudadanos elegir directamente a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la NaciónTambién se espera una transformación del Instituto Nacional Electoral (INE), con la elección directa por parte del pueblo de consejeros y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
López Obrador reiteró su compromiso con otras iniciativas previamente rechazadas en el Congreso, como el traslado del control de la Guardia Nacional al Ejército y una propuesta eléctrica para contrarrestar la reforma que abrió el sector energético a la inversión privada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
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