Antonio Tarek Abdalá Saad enfrenta acusaciones que abarcan delitos como abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público.
El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (), Adrián Alcalá Méndez, presentó ante el Pleno una solicitud dirigida a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para obtener detalles sobre las gestiones diplomáticas relacionadas con la extradición de Antonio Tarek Abdalá SaadEste último se desempeñó como tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación estatal del Gobierno del Estado de Veracruz durante el mandato de Javier Duarte, quien está en prisión desde 2017 por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
En su intervención, Alcalá Méndez destacó la importancia de transparentar dicha información, subrayando la necesidad de fiscalizar las instituciones responsables de la procuración de justicia, especialmente en casos de gran relevancia para el país.
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Enfatizó que, en situaciones como la de Abdalá Saad, donde se trata de desvíos millonarios que afectan no solo el patrimonio de Veracruz, sino también los derechos humanos, el interés público debe primar sobre la clasificación de la información.
La respuesta de la Cancillería a la solicitud del INAI fue clasificar como confidencial la información requerida, argumentando que revelar la existencia o no de una solicitud de extradición atentaría contra el derecho a la presunción de inocencia.
Ante esta clasificación, el solicitante presentó un recurso de revisión, argumentando que Abdalá Saad, en su pasado como servidor público, enfrenta investigaciones por corrupción.
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La ponencia del comisionado presidente, Alcalá Méndez, tras analizar el caso, identificó notas periodísticas que indicaban que la Fiscalía General de la República (FGR) había citado al ex tesorero a declarar por presunta responsabilidad en el delito de peculado.
En virtud de la información recopilada, la ponencia del INAI señaló la importancia de ponderar la utilidad del derecho a saber, destacando que, si bien la información podría ser considerada confidencial, es fundamental conocer la actuación de las autoridades en la investigación de casos de corrupción.
En este contexto, se determinó que hacer pública la información solicitada permitirá entender las condiciones de la procuración de justicia contra exfuncionarios involucrados en actos de corrupción.
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Además, facilitará la evaluación de las acciones de la SRE en colaboración con la FGR en el proceso de extradición de Antonio Tarek Abdalá Saad, contribuyendo así a la rendición de cuentas.
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