Tras el anuncio de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, de unirse al equipo de la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo antes de renunciar como ministro, llevó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinar si Zaldívar incurrió en alguna falta.
Movimiento Político Restaurador de México A.
C.
y la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, denunciaron a Sheinbaum Pardo, Zaldívar Lelo de Larrea y Morena por actos anticipados de campaña, presunto uso indebido de recursos públicos y posible vulneración de principios electorales.
Las tensiones aumentaron después de que se revelara la reunión entre Sheinbaum y Zaldívar el 7 de noviembre, donde pactaron trabajar juntos para transformar el país.
Al día siguiente, Zaldívar anunció públicamente su incorporación al equipo de la precandidata, aunque aclaró que no dejaba la Corte para asumir un cargo público, sino para unirse a un proyecto político-social en el que creía firmemente.
No obstante, la aprobación de la renuncia del ministro por parte del Senado no se concretó sino hasta el 15 de noviembre, agregando más elementos a la controversia.
Instituto Nacional Electoral (INE), a través de su Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, admitió las quejas presentadas contra Zaldívar, Sheinbaum y Morena, desencadenando un proceso de investigación.
En este contexto, el magistrado Rodríguez Mondragón presentó un proyecto ante el pleno del TEPJF, señalando la competencia de la Corte para conocer las posibles responsabilidades administrativas de los ministros y dejando en manos del tribunal electoral la resolución del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador.
El proyecto resalta la necesidad de definir la autoridad competente para procesar y juzgar a ministros de la por faltas administrativas en materia electoral, dejando abierta la discusión sobre esta delicada situación que afecta al ámbito político y judicial del país.
Arturo Zaldívar interpuso dos recursos de revisión ante la Sala Superior del Tribunal Electoral argumentando la inconstitucionalidad del proceso.
Sostiene que la supervisión de las acciones de sus miembros corresponde a la Suprema Corte, además de alegar falta de fundamentos sólidos en la resolución y la vulneración de su libertad de expresión.
En el proyecto del magistrado Reyes Mondragón, se subraya que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece como responsabilidad exclusiva del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el conocimiento, resolución y aplicación de sanciones por faltas administrativas de ministros en funciones.
Sin embargo, esta misma ley otorga a la Sala Superior del Tribunal Electoral la autoridad exclusiva para resolver disputas en materia electoral, generando un contraste evidente en la competencia jurisdiccional.
Síguenos en Facebook y entérate de las noticias trend de la semana
No hay comentarios.:
Publicar un comentario