Jorge Álvarez Máynez, del partido Movimiento Ciudadano, propone una reforma al artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Con el objetivo de garantizar que las solicitudes de intervención de equipos de comunicación móvil para investigaciones judiciales estén debidamente fundamentadas y motivadas.
La propuesta, ahora en manos de la Comisión de Justicia, establece que cuando el Ministerio Público requiera la localización geográfica en tiempo real o la entrega de datos conservados por concesionarios de telecomunicaciones, deberá justificar claramente el porqué de esta solicitud.
Además, se deberá expresar el propósito y la necesidad de la medida.
Se especifica que las solicitudes deben detallar la relación de los equipos de comunicación móvil con los hechos bajo investigación, señalando los motivos e indicios que justifican la necesidad de obtener estos datos.
Asimismo, se debe describir el proceso a seguir, la duración prevista y la identificación de la empresa proveedora del servicio.
La propuesta enfatiza en que no se deben autorizar intervenciones que comprometan la seguridad de los sistemas de comunicación ni impidan la verificación por parte del juez de control correspondiente.
Se plantea también una : en casos donde la integridad física o la vida de una persona estén en peligro, o en delitos como privación ilegal de la libertad, secuestro, desaparición forzada, extorsión o delincuencia organizada, se podrá analizar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la intervención, bajo estricta responsabilidad.
Álvarez Máynez destaca las deficiencias actuales en la regulación de las investigaciones, especialmente en lo referente a la intervención de comunicaciones.
Señala un incremento en denuncias a través de redes sociales, evidenciando actos ilícitos por parte de servidores públicos, quienes han sido acusados de espionaje contra defensores de derechos humanos, periodistas y opositores.
El legislador subraya que el en el país es un tema de alta impunidad, especialmente con la creciente militarización en actividades civiles, donde se denuncia la intervención de comunicaciones bajo el pretexto de "inteligenciaEnfatiza la importancia de respetar los derechos humanos y los procedimientos judiciales en la intervención de comunicaciones privadas, evitando así abusos de autoridad y situaciones intimidatorias hacia quienes han sufrido espionaje de forma ilegal.
espionaje, tanto a nivel nacional como internacional, ha sido una herramienta clave para gobiernos y autoridades en supuestas investigaciones, aunque no siempre relacionadas con la persecución de delitos.
Álvarez Máynez advierte sobre las implicaciones éticas y políticas de esta práctica, destacando que, aunque pueda proporcionar información vital, un uso excesivo o violatorio de derechos fundamentales socava la democracia al comprometer la privacidad, la transparencia y la confianza en las instituciones gubernamentales.
En última instancia, resalta la necesidad de informar adecuadamente a los jueces de control, pues la Constitución y la ley establecen claramente los procedimientos y el control judicial para la intervención de comunicaciones privadas.
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