Olga Luz Espinosa, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), resalta la ausencia de sanciones en la legislación actual para el personal gubernamental que oculta, desvía y comercializa bienes donados, dejando impunes tales acciones.
El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados presenta una iniciativa para considerar como falta grave el desvío de donaciones en especie destinadas a víctimas de desastres naturales.
La propuesta busca sancionar a los servidores públicos con hasta 20 años de inhabilitación, junto con las multas correspondientes.
Por medio de la legisladora Olga Luz Espinosa, la bancada perredista destaca la carencia de castigos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas para quienes, en diferentes niveles gubernamentales, desvían y comercializan bienes donados por personas y empresas.
Esto ha llevado a la impunidad de dichas acciones.
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A dos meses del impacto del huracán Otis en Acapulco y Coyuca, Guerrero, donde la ayuda a los afectados es limitada, la diputada chiapaneca destaca la urgencia de tipificar como falta grave el desvío de donaciones en situaciones de desastres naturales.
Espinosa subraya casos conocidos de servidores públicos que ocultan, desvían y comercializan donaciones en especie.
Estas prácticas, actualmente sin castigo, requieren ser sancionadas según la legisladora perredista.
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Como ejemplo, se menciona una investigación periodística sobre donaciones recolectadas por el gobierno de la Ciudad de México para Turquía, que nunca llegaron a su destino y fueron objeto de robo y reventa.
Parte de los bienes, comoapel higiénico y arroz, terminaron en lugares inapropiados, evidenciando la falta de sanciones para estos actos.
La diputada Espinosa propone modificaciones a las leyes de Responsabilidades Administrativas y de Protección Civil para incluir el desvío de bienes donados a damnificados como una falta grave.
Esta propuesta busca que los servidores públicos que utilicen sus cargos para retener, ocultar o comercializar donaciones enfrenten consecuencias legales.
En resumen, la iniciativa del PRD busca cerrar la brecha legal que permite la impunidad en el desvío de donaciones, proponiendo sanciones severas, incluyendo hasta 20 años de inhabilitación para los servidores públicos involucrados en estas prácticas.
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