Con el objetivo de simplificar el proceso de presentación de denuncias por delitos comunes, el Senado de la República ha hecho un llamado a las fiscalías generales de justicia de las diversas entidades del país a implementar programas dirigidos a la población.
Asimismo, la Cámara Alta ha requerido el establecimiento de programas de formación para los agentes del Ministerio Público, con el propósito de brindar apoyo a aquellos ciudadanos que enfrentan obstáculos socioeconómicos, geográficos o sociales al momento de presentar denuncias.
Esto se fundamenta en datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, que estima que el 93.
2% de los delitos en el país no son denunciados.
Los legisladores explicaron que esto se debe, en parte, a la falta de confianza en el sistema judicial, la carencia de acceso a Internet y la limitada familiaridad de los adultos mayores con la tecnología.
En este contexto, los senadores enfatizaron la necesidad de implementar métodos efectivos en el sistema de justicia penal para la capacitación y atención de denuncias, así como transformar la percepción de la ciudadanía respecto a la manera en que se les brinda asistencia.
Consideraron imprescindible el diseño de políticas públicas y programas que aseguren que el personal de las fiscalías pueda responder de manera adecuada, pronta y pertinente, en especial en beneficio de los grupos vulnerables.
La transformación del sistema de justicia penal, la capacitación del personal y el diseño de políticas inclusivas se alzan como pilares fundamentales para garantizar una atención adecuada y oportuna a toda la población, especialmente a aquellos grupos más vulnerables.
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