A 22 meses de su creación, el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, denunció públicamente que en estos casi dos años de funciones no ha tenido acceso total a los archivos del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), hoy conocido como Centro Nacional de Inteligencia ().
El mecanismo “ha experimentado serias dificultades para el acceso a la consulta irrestricta de documentación histórica proveniente de agencias encargadas de labores de seguridad, inteligencia, de las fuerzas armadas y de las policías”, señalaron en un comunicado.
Los comisionados del mecanismo -Eugenia Allier Montaño, Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos A.
Pérez Ricart- puntualizaron que los archivos a los que no han tenido acceso, constan de material crucial para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el periodo histórico denominado como “guerra sucia”.
Por ello, sentenciaron que el ocultamiento parcial o tal de información ha sido perpetrado por el , la Secretaría de la Defensa NacionalSedena), la Secretaría de Marina () y la Fiscalía General de la República ().
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Asimismo, esta reserva de información por las dependencias federales, representan el incumplimiento a un acuerdo y un decreto presidenciales, así como de la Ley General de Transparencia y la Ley General de Archivos.
el mecanismo demandó la transferencia total de archivos y expedientes del CNI, incluídos los de la Dirección Federal de Seguridad (1947-1985), los de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISEN, 1985-1989) y los del CISEN (1989-1993) al Archivo General de la Nación (AGN).
De la misma forma, exigieron el cumplimiento de la orden del titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, sentada en el acuerdo presidencial del 28 de febrero de 2019 en donde se da la instrucción de “permitir que se tenga acceso a todos los archivos de todas las dependencias, sin ningún límite, y también el que no haya obstáculos y que no haya impunidad para nadie”.
Además, el mecanismo atajó que en el decreto presidencial del 6 de octubre de 2021, con el que se creó la Comisión de la Verdad y se facultó a sus integrantes para acceder a todos los documentos históricos de la Administración Pública, se ha visto limitado.
En este sentido, el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico remarcó que los archivos “son fundamentales para la investigación de ese pasado en el que están las claves que nos permiten entender y reinterpretar las violencias del presente”.
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