Leopoldo RodrÃguez Aranda* El 1 de julio el Presidente celebró cinco años de haber ganado la elección y cuatro años y medio de iniciar funciones como tal.
En ese año como ahora, el problema que más preocupa a la sociedad es el de la seguridad pública.
Como hace cinco años, la violencia y la delincuencia no muestran signos de debilitamiento o disminución sino todo lo contrario: el actual gobierno a poco más de un año de concluir ya tiene el récord de más homicidios dolosos en comparación con los dos gobiernos previos, es decir, el más violento de la historia.
Tan solo la última semana de junio concluyó con dos eventos que ponen en evidencia la complejidad en la que ha tornado el problema: el asesinato de Hipólito Mora, ex lÃder de las autodefensas de Michoacán, y el coche bomba en Celaya, Guanajuato, junto con otra serie de eventos de menor visibilidad que ocurren a lo largo y ancho del paÃs en carreteras y comunidades asediadas por balaceras, extorsiones, tráfico en todas sus modalidades y una notoria, muy notoria, ausencia del Estado.
En el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018 – 2024 y en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública el actual gobierno federal delineó las lÃneas de acción en materia de seguridad pública y seguridad nacional, en las que en términos generales existen muchas incosistencias en términos de diseño, concepción, delimitación y efecto de las acciones, es decir, la construcción de sus árboles de problemas y de soluciones no tienen solidez intelectual ni programática para atender a la violencia y a la delincuencia, que no tienen ni una sola manifestación ni una sola consecuencia, mucho menos una sola forma de operar y estructurarse.
La estrategia de seguridad tiene tres manifestaciones notorias: la militarización, los programas sociales (becas a jóvenes primordialmente) y el rediseño del presupuesto destinado a la seguridad.
En primer lugar, tanto en el tema de las adicciones como de la prevención, la concepción de la polÃtica pública del actual gobierno termina en otorgar apoyos a la juventud con la finalidad de detener el flujo que ocurre hacia las actividades ilÃcitas por parte de este sector de la población.
Sin embargo, el programa Jóvenes construyendo el Futuro no es ni una polÃtica de seguridad ni de prevención, es un programa destinado a vincular a los jóvenes a centros de trabajo con la finalidad de facilitar su inserción al mercado laboral, es decir, es una polÃtica laboral, no preventiva.
Más aún, al dÃa de hoy existen evaluaciones de dicho programa que señalan sus varias deficiencias: carencia de un padrón de beneficiarios, disminución del presupuesto, subejercicio presupuestal, su vinculación con actividades proselitistas, la simulación.
Por su parte, el gobierno federal decidió que las policÃas estatales y municipales no tienen las capacidades de atender los problemas de violencia y delincuencia en sus comunidades y por consiguiente habÃa que reordenar a la PolicÃa Federal y transformarla en un órgano más numeroso, con extensión y dispersión territorial, y con ello, mucho presupuesto.
Asà la idea, se eliminaron los recursos a la seguridad pública en el orden municipal de gobierno, lo que deja a las policÃas municipales, otra vez, en el abandono y al vaivén de los caprichos de sus presidentes municipales y sus partidos, y a las policÃas estatales en la misma situación.
El gobierno privilegió la creación de una Guardia Nacional en un diseño por lo demás muy inteligente de los militares: para evitar esa discusión sin final y sin conclusión sobre la ilegalidad de la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública idearon crear una policÃa civil pero militarizada, con estructura legal civil pero bajo las órdenes de los militares.
Más allá de todo lo que puede decirse con base en sus resultados, está claro que los militares no tienen la formación ni las competencias para atender el problema o múltiples problemas de la seguridad pública porque el error ocurre desde su concepción: pensar que esos problemas son solo temas policiales sin contemplar que los otros tres engranajes son mucho más relevantes que la acción uniformada: los ministerios públicos (procuración de justicia), los jueces y juzgados, y el sistema penitenciario.
De nada vale pretender organizar una policÃa profesional si los otros engranes de la maquinaria siguen igual de oxidados, con esquemas de corrupción y sobre todo, con una alarmante incapacidad, eficacia y eficiencia: de cada cien delitos sólo uno o dos terminan en sentencias condenatorias a los responsables (las famosas cifra negra e impunidad), y aún asi, con ese Ãndice de eficacia tan bajo las fiscalÃas y juzgados están colapsados y perdidos en sus procesos orales y escritos.
La última muestra de la estrategia real de seguridad del actual gobierno es la militarización.
Nadie parece notarlo ni denunciarlo pero desde 2019 con el decreto presidencial de creación de la Guardia Nacional y el respectivo de 2020, la seguridad pública está de facto en manos de los militares, quienes bajo el pretexto de fortalecer y culminar la creación, capacitación e infraestrctura de su policÃa, tienen el mando absoluto de todas las policÃas del paÃs y con ello toda la labor de investigación delictiva.
Los resultados son evidentes y están cada dÃa más lejanos de la pacificación y la mejora de los cuatro componentes de la seguridad pública que señala la Constitución.
Este periodo de gobierno presidencial pasará a la historia no solo por ser el más violento de todos, sino además, y no es un asunto menor, por enredar mucho más el nudo de la seguridad y teñirlo de verde olivo, problema que costará mucho a la sociedad y gobiernos posteriores desanudar porque está incrustado en seguridad, puertos, aeropuertos, aduanas, obra pública, empresas paraestatales, mandos policiales, áreas de compras de diversas instituciones, vamos, un coup d’etat pacÃfico y visible pero velado al mundo de la polÃtica y de los polÃticos, una toma de Estado total y absolutamente perfecta por pacÃfica y efectiva.
Y sÃ, todo comenzó por el problema de la seguridad.
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