Este sábado, entró en vigor la nueva ley antiinmigrante en el estado de Florida, Estados Unidos.
La legislación fue iniciativa del gobernador y aspirante presidencial republicano, Ron DeSantis y en esta se incluyen mecanismos para expulsar a trabajadores indocumentados.
Ante esta situación el Gobierno mexicano externó su rechazo a los actos derivados de esta norma que se puedan perfilar como actos discriminatorios.
A pesar de que el Gobierno Federal anticipó su respeto a las medidas legislativas de Estados Unidos, detalló que la nueva ley antimigrante “afectará los derechos humanos de miles de personas, niñas y niños mexicanos exacerbando ambientes hostiles”.
Asimismo, cuestionó que bajo esta norma se pueden desencadenar crímenes de odio contra personas migrantes.
Desde mayo pasado, el gobernador DeSantis firmó la Ley SB1718 y desde entonces se han suscitado diversas manifestaciones en la población migrante como la movilización Un Día sin Migrantes realizada el pasado 2 de junio.
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En esta legislación también se incluyen penas criminales para quienes transporten a personas migrantes al estado de Florida, se anulan servicios sociales básicos para personas sin estatus de residencia legal y coacciona a los hospitales públicos a detallar sobre la condición migratoria de los pacientes.
Por estos motivos, el gobierno mexicano enfatizó que “la criminalización no es el camino para resolver el fenómeno de la inmigración indocumentada”.
Además, señaló que este tipo de políticas “tienen un fuerte impacto en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, pues evidencian la renuencia de ciertos actores para identificar soluciones conjuntas que inviten a la colaboración”.
Asimismo, en el contexto de la entrada en vigor de la Ley SB1718, la cancillería mexicana adelantó que hará uso de todos los recursos a su disposición para “defender los derechos y dignidad de las personas mexicanas en Florida.
“Se estarán reforzando nuestras acciones de asistencia, protección consular y asesoría jurídica, y continuaremos velando por los intereses de toda nuestra comunidad, indistintamente de su condición migratoria” detalló la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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