Entre 2020 y 2021, Seguridad Alimentaria Mexicana () compró certificados bursátiles por 950 millones de pesos.
Ante estas adquisiciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales () instruyó a Segalmex a detallar la recuperación de estos recursos.
Seguridad Alimentaria, a través de Liconsa y Diconsa, invirtió 850 millones y 100 millones de pesos, respectivamente en estos certificados, pero Segalmex no tuvo control directo.
Bajo este horizonte, un particular solicitó a Segalmex los documentos que constataran la recuperación del monto invertido en certificados bursátiles.
No obstante, Seguridad Alimentaria entregó únicamente los movimientos de los recursos sobre los montos de 100 millones de pesos utilizados en la adquisición de Certificados Bursátiles en 2021.
Ante la inconformidad del particular por la información incompleta que no demuestra la recuperación de estos recursos ni confirma la devolución efectiva de éstos a alguna cuenta bancaria, el Pleno del INAI ordenó a Segalmex realizar una nueva búsqueda de la información solicitada.
Para el mismo efecto, se instruyó a Bienestar debe informar sobre particulares que laboren en la oficina de la titular: INAI.
La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra recordó que en el último informe de la Auditoría Superior de la Federación () se encontraron irregularidades relacionadas con la adquisición y pagos sin soporte documental de productos de la canasta básica, como maíz, frijol y leche, correspondientes a la cuenta pública 2020 y 2021, así como la inversión de recursos financieros provenientes de las entidades encargadas de garantizar el derecho a la alimentación.
Además puntualizó que debido a esta situación, el titular de Segalmex, Ignacio Ovalle, aseguró en una mesa de trabajo de carácter público que se recuperó la totalidad de los recursos utilizados para la compra de certificados bursátiles en 2020 y 2021.
En el mismo tenor, Ibarra Cadena sostuvo que la finalidad de Segalmex es garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
Sin embargo, enfatizó que la información sobre el uso de recursos públicos destinados a tareas tan importantes como la seguridad alimentaria debe ser transparente para no generar consecuencias negativas.
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