Revelan estudios “a la medida” para frenar regulaciones a la comida chatarra

investigación periodística presentada durante la discusión en la Cámara de senadores para prohibir la venta de comida chatarra en escuelas, la industria ha contratado científicos e investigadores para financiar estudios que avalan el valor nutricional de estos alimentos.



Esta semana el senado de la República aprobó en Comisiones reformas a la Ley General de Educación para prohibir la venta de comida chatarra afuera de las escuelas.

  Entre las reformas está eliminar de los centros de aprendizaje la publicidad de productos no saludables, evitar la venta de bebidas de bajo valor nutricional y regular el uso de las máquinas expendedorasEsta iniciativa aún debe pasar por la revisión de la Comisión de Estudios Legislativos para que pueda ser remitida al pleno y la expectativa de ser aprobada es positiva.

Sin embargo y durante la discusión del dictamen se hizo público la existencia de estudios e investigaciones  contratadas por empresas de la industria de alimentos chatarra, para intentar frenar iniciativas que –como ésta-  limiten la venta de sus productos en entornos escolares.

Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia.

Nutriendo conflictos de interés en México,cómo estudiosos de la nutrición y científicos en la producción de alimentos se vincularon con la industria alimentaria y de bebidas, sin distinguir límites éticos.

“Desde los ochenta, se documentó la altísima probabilidad de que las investigaciones costeadas por la industria lleguen a conclusiones favorables a ella, o a resultados que minimizan los riesgos a la salud de sus productos, en comparación con los estudios independientes.

O sea, si se sabe quién paga un estudio, pueden predecirse sus resultados”, se señala en el  libro, escrito por Guillermo Bermúdez y Martha Elena GarcíaA lo largo de esta investigación periodística, se describen algunos estudios "científicos" que ofrecen comida chatarra como saludable y desacreditan toda evidencia científica sobre los daños que provocan sus productos para frenar todas las políticas públicas para regularlos.

Además  documenta el financiamiento a una red de vínculos con el mundo académico, la comunidad científica y las sociedades profesionales de la salud y la nutrición, que por definición nunca deberían recomendar consumir tales productos.

Todo lo anterior se traduce, en información con la cual los legisladores y tomadores de decisión determinan las políticas públicas en salud alimentaria y en una peligrosa capaña de  (des)orientación nutricionista que reciben los consumidores.

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