millones de mujeres en México sufren algún tipo de violencia, antes, durante o después de su embarazo.
De acuerdo con la secretará de Salud, entre los años 2016 y 2020, 3 de cada 10 mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto, sufrieron algún tipo de maltrato por parte del personal que las atendió y la mayor proporción de casos reportados se encuentran en el Estado de México, la Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Querétaro.
A este tipo de maltratos se le conoce como violencia obstétrica, y hasta hace poco eran considerados como una forma específica de maltrato a las mujeres por parte de los profesionales de la salud.
Hoy en día, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce a este tipo de violencia como una violación a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.
Lamentablemente en nuestro país, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia aún no define de forma explícita a la violencia obstétrica como una forma de violencia de género, aunque sí contempla figuras como la violencia psicológica, física e institucional, en las que puede encuadrarse.
Por otra parte y en su estudio “Justicia olvidada: violencia e impunidad en la salud reproductiva” el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), reconoce en 28 entidades federativas, algunas definiciones de violencia obstétrica en sus leyes estatales.
Y más recientemente, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2021 que realiza el Inegi, considera otros casos de violencia obstétrica tales como los gritos o regaños durante el parto, el hecho de ignorar a las mamás cuando preguntan dudas sobre su embarazo o su bebé u obligarlas a permanecer en posiciones incómodas, hasta hacerles comentarios ofensivos, humillantes o degradantes.
Además del maltrato físico y verbal, otra de las formas de violencia que recoge la Encuesta del Inegi, es la práctica injustificada de cesáreas: en México, de las 3.
7 millones de mujeres a las que se les practicó este procedimiento quirúrgico En 2021, el 10.
3% no fue informada de la razón, y al 9.
7% no le pidieron su autorización para realizarla.
De acuerdo con el centro de análisis e investigación Fundar, los datos que revela la Endireh 2021 son alarmantes porque muestran que la violencia obstétrica en nuestro país es estructural, generalizada y perpetuada desde las propias instituciones de salud pública.
Todos estos datos reflejan una situación que requiere atención prioritaria para normar los protocolos de atención a las mujeres que van a ser mamás, antes, durante y después del parto, independientemente de su condición económica y social, su edad, raza, religión o nivel educativo, como parte de dos derechos inalienables que consagra la Constitución, el derecho a la salud y a la información.
¿Por dónde empezar? sin importar la cantidad de población que atienden, de acuerdo con los resultados de la Encuesta del Inegi, los mayores porcentajes de maltrato están en los servicios públicos de salud, que registran prevalencias de entre 27 y 40% dependiendo de la institución.
En tanto que en hospitales y servicios privados la prevalencia va de un 15 a 19%.
Entonces hay que empezar desde casa y por esa razón, el senador Ricardo Monreal presentará ante el pleno esta semana una iniciativa para reformar la Ley General de Salud y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en las que se considere a la violencia obstétrica como todo tipo de omisión ejercida dentro de la esfera de atención médica por el personal de salud, consistente en la manipulación, desinformación intencionada, abuso de medicación, patologización de procesos naturales, imposición de tratamientos médicos y la utilización de estos cuando no es necesarioAdemás, plantean especificar las conductas que constituyen violencia obstétrica, tales como el maltrato físico y psicológico, la falta de atención oportuna de las emergencias obstétricas, los actos de humillación, abuso verbal e insultos.
También la ejecución de cesáreas injustificadas y sin el consentimiento expreso e informado de la mujer, así como la realización de procedimientos autoritarios para imponer un método anticonceptivo u obstaculizar el apego inmediato de la niña o niño con la madre, sin causa médica justificada, entre otrasFinalmente propone incorporar a la Ley General de Salud que toda mujer embarazada tendrá derecho a un trato digno y con perspectiva intercultural en los servicios de salud y atención médica, así como libre de violencia obstétrica.
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