Piden a senadores rectificar sobre penalizar las uniones con menores

Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos pidieron al Senado revisar las reformas al Código Penal Federal aprobadas el pasado 15 de marzo,  que penalizan a quien obligue a un menor a vivir en pareja o a casarse.



Por considerar que el matrimonio infantil forzado es una gran problemática, organizaciones civiles en defensa  de los Derechos Humanos se pronunciaron contra el proyecto para penalizarlo, con el argumento de que con ello se violenta la autonomía de los menores y no se atienden las causas de fondo del matrimonio infantil.

“La forma en la que se está atendiendo viene desde una perspectiva de “proteccionismo adultocéntrico”, ya que se desconoce el interés superior  y autonomía del menor al equiparar los matrimonios y uniones informales entre menores de edad con matrimonios forzados”, expresaron a través de un comunicado las organizaciones feministas GIRE, Intersecta, Balance Promoción del Desarrollo y Juventud, entre otras.

Para estas agrupaciones de la sociedad civil, la decisión de aumentar multas y hacer más severas las penas solo facilita el encarcelamiento de personas menores de edad y de personas indígenas o afromexicanas, ya que las penas se agravan si una de las personas pertenecen a una de estas comunidades que históricamente han sido discriminadas.

Ante ello, los activistas pidieron a los senadores a replantearse la problemática y  en lugar de tomar un enfoque punitivista , diseñen  “políticas públicas integrales que atiendan las causas de las uniones forzadas  desde el análisis contextual y social ”, que ofrezcan oportunidades, amplíen los servicios y garanticen el acceso a la justicia.

Piden además que esas políticas públicas deberán concebirse con perspectiva de género y de las juventudes donde prevalezca el reconocimiento y garantía de los derechos humanos”.

El pasado 15 de marzo el Senado de la República aprobó penalizar el matrimonio forzado de menores, el cual tendrá una pena de hasta 18 años de cárcel y una multa que podría aumentar si la víctima es integrante de una comunidad indígena o afromexicana.

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