Datos obtenidos de las Fiscalías, General y estatales, lo mismo que de la Función Pública Contralorías locales, demuestran que en comparación con otros delitos como el robo, el secuestro o el aborto –en algunas entidades- los delitos vinculados con actos de corrupción han llevado a menos personas a la cárcel o a la inhabilitación.
Un informe del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República revela que hasta –último año del que se tienen registros definitivos– había sólo mil 465 personas formalmente presas en distintas cárceles por delitos de corrupción del fuero común y del fuero federal.
"¿Cómo se castiga la corrupción en México? Los resultados del combate a la corrupción a la luz de las sanciones administrativas y penales aplicadas a los servidores públicos 2013-2021", se detalla que de esas mil 465 personas recluidas, solo una tercera parte (poco menos de 500) han sido sentenciadas por un juez.
Esto, considerando que la población penitenciaria en el país, según datos del INEGI, era en el 2021 de más de 220 mil personas.
El estudio realizado por César Alejandro Giles Navarro explica además que entre 2014 y 2020 las procuradurías y fiscalías, General y de los estados abrieron o iniciaron en total 140 mil 202 averiguaciones previas y carpetas de investigación por delitos de corrupción (22 mil 883 del fuero federal y 117 mil 319 del fuero común), en las que 85 mil 953 personas fueron acusadas directamente por delitos de corrupción”.
El análisis apunta que tomando como referencia el año 2021, el número de personas que se encuentra en la cárcel por actos de corrupción es considerablemente menor al de otros delitos.
Por ejemplo, el robo en el 2021 llevó a la cárcel a 125 mil personas; el homicidio a 51 mil y el secuestro a 37 mil.
“De hecho, al cierre de 2021, había más personas en la cárcel por el delito de aborto (313 personas), que todas las que se encontraban recluidas por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias ( en total sólo 75 personasEn sus conclusiones, el estudio considera “que la política criminal contra la corrupción es poco efectiva, pues hay enormes distancias entre la cantidad de investigaciones que se abren, las personas que son acusadas formalmente ante un juez, las personas que ingresan a la cárcel y las personas que son sentenciadas por delitos de corrupción”.
Respecto a los castigos o sanciones administrativas para aquellos servidores públicos que han recibido sanciones por faltas graves, la cifra es marginal y con una tendencia decreciente, sobre todo a nivel federal.
“Entre 2016 y 2020, el número de destituciones de servidores públicos federales registró una disminución equivalente al 71 por ciento, mientras que las inhabilitaciones cayeron 68 por ciento en el mismo lustro”.
Por esa razón, el estudio concluye a pesar del auge que ha tenido el enfoque punitivo y la aprobación de reformas drásticas como la prisión preventiva oficiosa del año 2019, la realidad es que, en México, la corrupción se castiga poco y cada vez menos, tanto por la vía administrativa como por la vía penalSíguenos en Twitter para mantenerte informado.
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