Fiscalía General de la República (FGR) apelará el resolutivo de un juez quien determinó exonerar a Rosario Robles Berlanga del juicio iniciado en su contra por el caso de “la estafa maestra”A través de un comunicado, la Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero, expresó su inconformidad con el resolutivo judicial y su sorpresa ante la decisión del juez para no considerar las pruebas documentales que –en su opinión- sustentan la acusación y el proceso penal en contra de la ex titular de las Sedesol.
Por esa razón, advierte que apelará el fallo y de paso, iniciará un proceso penal en contra del juez ante el Consejo de la Judicatura Federal“El sobreseimiento decretado por dicho Juez ( Roberto Paredes Gorostieta y Femat) es una violación flagrante a todos los expedientes penales que señalan las responsabilidades correspondientes.
Y declarar que eso “no constituye delito”, es algo absurdo e inaceptable, ya que dicha afirmación no está sustentada, ni fundamentada en los hechos, ni en las leyes, ni en las pruebas”Ante ello, la Fiscalía General de la República advierte que apelará la decisión del juez y de paso le advierte a éste, que no puede omitir su responsabilidad de perseguir la comisión de un presunto delito contra la administración de justicia, por lo que también será demandado penalente .
“Todas las pruebas acumuladas en este juicio señalan, con absoluta claridad, la responsabilidad penal correspondiente; y el hecho de que el Juez Roberto Paredes , haya sobreseído en forma total y con efectos de sentencia absolutoria, a favor de María del Rosario “Res un acto de injusticia inaudito que, por carecer de fundamento, obliga a esta Institución a iniciar un procedimiento penal inmediato”.
La Fiscalía recordó que se ha demostrado en varias ocasiones no solo el daño patrimonial de poco más de 5 mil millones de pesos que representó la “Estafa Maestra” sino que existen 24 casos penales federales en donde están involucradas más de 50 personas, en averiguaciones previas y en carpetas de investigación, todas ellas de carácter penal, que han sido judicializadas en su momento por ese delito.
“La afectación al patrimonio nacional ha quedado evidenciada en todos esos juicios, principalmente en el caso de Rosario “R”, a quien se le imputó el delito de ejercicio indebido de servicio público, ya que dicha persona, como titular de las áreas involucradas, supo de los delitos ya señalados y no avisó por escrito a su superior jerárquico, ni impidió, ni evitó ese saqueo, estando dentro de sus obligaciones hacerlo; lo cual generó un enorme daño patrimonial de recursos que deberían de haber ido a los sectores más necesitados del país y que fueron saqueados de una manera dolosa y abusiva.
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