rechazó el dictamen de reforma a la Ley de Movilidad de Quintana Roo, que plantea un de 2 por ciento sobre el monto que cobra la plataforma por cada servicio que brinda la plataforma de entrega de comida a domicilio.
Al respecto, el director de Asuntos Públicos de la compañÃa de origen colombiano, Fernando Cota, dijo que además el dictamen aprobado en comisiones establece que los operadores deben solicitar una especie de permiso al gobierno estatal para poder operar, por lo que corrompe la mediación entre particulares que es el génesis de este tipo de servicios.
El citado permiso deberá se expedido por el Instituto de Movilidad de Quintana Roo, pero el directivo informó que el cobro de 2% también se pretendió cobrar en Ciudad de México, aunque se fueron al amparo y se declaró inconstitucional, por lo que no descartó que en el caribe mexicano hagan lo mismo, pues únicamente en Rappi se verÃan afectados más de 2,000 operadores, sin contar con el resto de aplicaciones que dan el mismo servicio.
"Estamos preocupados y sorprendidos por ese dictamen de la Comisión de Movilidad, porque introduce regulaciones que no tienen precedentes en América Latina, que se realizaron sin consultar a ninguna de las partes", abundó.
Aseguró que Quintana Roo es uno de las entidades en las que más demanda tienen, por lo que es una pena que con las nuevas reformas, los usuarios y trabajadores se vean afectados, ya que consideran que se terminarán las oportunidades de autoempleo que impulsan el crecimiento de la economÃa.
"Queremos un diálogo social, pues parece evidente que esta reforma violarÃa varios derechos y es discriminatoria, sobre todo por tener que pagar un impuesto por cada pedido, es algo sin precedentes e impensable", sentenció.
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