
Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado este martes a las autoridades de Perú a “cesar de inmediato el uso innecesarioy desproporcionado de la fuerza contra la población civil” y a investigar posibles violaciones de derechos humanos desde el inicio de las protestas en el país, que han dejado 47 fallecidosLa organización publicó un comunicado para que se detenga el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes que solicitan la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y nuevas elecciones, entre otros reclamos, debe ser el “primer paso que siente las bases de una salida a la actual crisis que enfrenta el país”.
AI recordó que, desde que iniciaron las protestas en las diferentes regiones en diciembre pasado, cuando Boluarte asumió la presidencia tras el fallido intento de golpe de estado del exmandatario Pedro Castillo.
Más de una cuarentena de personas han muerto y decenas han resultado heridas, “muchas de ellas por impacto de armas de fuego, en el contexto de la represión de las manifestaciones”, aseguró.
“El alto número de muertes, incluidas 18 personas en las últimas 24 horas, y la gravedad de los hechos obligan a una rendición de cuentas de las autoridades hasta el máximo nivel”, señala la publicación de Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
Guevara señaló que la Fiscalía de la Nación (general) “debe investigar a todas aquellas personas que sean presuntamente responsables, no solo directamente, sino también por ordenar o tolerar el uso excesivo de la fuerza y con ello las muertes arbitrarias y lesiones graves”.
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La organización aseveró, por otro lado, que el estado de emergencia fue decretado el 15 de diciembre pasado, como se informó en las noticias, “no ha demostrado ser una respuesta adecuada” para resolver la crisis social y política del país y alertó que, por lo contrario, desde entonces se han incrementado las violaciones a los derechos humanos, con "la privación de la vida por uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias".
Ante la complicada situación, AI exigió al Estado peruano el realizar una “investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial de las posibles violaciones de derechos humanos registradas desde el inicio de las protestas para identificar, procesar y sancionar a quienes resulten responsables, incluyendo las líneas de mando de las fuerzas del orden hasta el máximo nivel”.
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