Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa para aumentar las sanciones por conductas o prácticas comerciales que incidan en un aumento injustificado de precios de los bienes y servicios.
En concreto, plantea imponer prisión de cuatro a once años, y multa de trescientos a mil quinientos días, a los actos u omisiones que afecten gravemente al consumo nacional.
Con el propósito de aumentar las sanciones económicas y penales por conductas o prácticas comerciales abusivas que inciden en el aumento injustificado de precios de bienes y servicios, la diputada panista Rocío Esmeralda Reza Gallegos propuso reformar las leyes federales de Protección al Consumidor y de Competencia Económica, así como la Ley de Infraestructura de la Calidad y el Código Penal Federal.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Economía, Comercio y Competitividad, y de Justicia, para su dictamen.
Dentro de la iniciativa se plantea modificar el artículo 253 del Código Penal Federal para imponer prisión de cuatro a once años y de trescientos a mil quinientos días de multa a los actos u omisiones que afecten al consumo nacional.
Además, en el artículo 254 Bis sugiere cárcel de seis años, y de mil quinientos a quince mil días de sanción, a quien celebre, ordene o ejecute contratos, convenios y arreglos de agentes económicos competidores entre sí.
Sobre la Ley Federal de Protección al Consumidor, propone reformar el artículo 128 BIS para los “casos particularmente graves”, aumentar los plazos de clausura total y hasta parcial por 90 días y establecer multas que pueden llegar a siete millones 855 mil pesos.
“El porcentaje de incremento que se propone en cada una de las sanciones que se fundamenta en las normas objeto de modificaciones, es de 50 por ciento, partiendo de la coincidencia y el conocimiento de que las medidas de apremio y sanciones que fundamentan estas normas deben ser particularmente más altas para inhibir las malas prácticas de proveedores y empresas”, se detalla en la exposición de motivos.
Explica que reformar las disposiciones que sancionan dichas prácticas, en específico las que incrementan los precios injustificadamente, busca proteger a los consumidores y frena la especulación de bienes y servicios por parte de quienes constituyen un poder sustancial en el mercado.
También pretende establecer elementos disuasivos para evitar prácticas anticompetitivas que afecten a las y los consumidores, garantizar sana competencia en todos los mercados y fortalecer la competitividad de los sectores productivos.
Por lo tanto, la legisladora blanquiazul considera necesario que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intervenga y castigue el aumento injustificado de precios de bienes y servicios, pues eso perjudica al consumidor.
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