La iniciativa para retirar los plaguicidas de la producción agrÃcola en México, ha generado polémica en los sectores vinculados.
Los productores nacionales han elevado la voz al señalar que la iniciativa de reforma podrÃa poner en riesgo la seguridad alimentaria y, consecuentemente, podrÃa detonar un alza de precios en dicho sector, advertencia que también ha lanzado el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, VÃctor Manuel Villalobos.
La reforma a la Ley de Salud, que promueve la prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos y aquellos que perjudiquen la salud humana y los ecosistemas, al tiempo que busca una transición hacia sustancias naturales, se encuentra al momento en análisis en el Senado de la República, hasta donde han llegado las voces en contra de la iniciativa.
Uno de los paÃses que ha resentido concretar una decisión de esta naturaleza, es Sri Lanka.
En abril de 2021, ese paÃs anunció que se prohibirÃa la importación de agrotóxicos.
La medida representaba un ahorro para el paÃs y se vendió la especie de que se garantizaba una alimentación sin tóxicos.
Sin embargo, llevar a cabo ese cambio generó una crisis alimentaria por lo que en noviembre de ese mismo año se echó para atrás dicho cambio y se volvió a autorizar la importación de agroquÃmicos.
En México, el pasado 26 de octubre, representantes de diversos grupos pusieron la alerta en la Cámara Alta, en un diálogo denominado Parlamento Abierto.
Las comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos Segunda del Senado se han declarado en sesión permanente para analizar dicho tema.
El presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de AgroquÃmicos, Luis Eduardo González Cepeda, señaló que una prohibición de plaguicidas desplomarÃa la producción agrÃcola y pecuaria, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del paÃs.
A la par también han surgido voces a favor de dichos cambios a la ley, como la postura de la Campaña Nacional Sin MaÃz No Hay PaÃs, la cual se enfoca en demandar un campo sustentable y digno, a favor de la soberanÃa alimentaria, sin transgénicos ni plaguicidas, y con justicia y equidad.
En el Parlamento Abierto del 26 de octubre, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, VÃctor Manuel Villalobos, coincidió con algunos ponentes en que se debe sopesar si vale la pena tomar decisiones precipitadas, en referencia a la prohibición de plaguicidas, por todas las implicaciones que dicha prohibición tendrÃa en la producción de alimentos.
Informó entonces que la dependencia a su cargo no promueve ni utiliza de modo alguno el agroquÃmico denominado glifosato, por el contrario, cumple con el decreto presidencial para sustituirlo gradualmente.
Sin embargo, advirtió que la prohibición inmediata de su uso, al igual que el de otros plaguicidas en el campo, impactarÃa en la seguridad alimentaria del paÃs, con efectos inflacionarios.
No obstante dijo que ante ese tipo de cambios se debe advertir responsablemente del riesgo para la seguridad alimentaria que implicarÃa la prohibición inmediata del uso del glifosato y plaguicidas pues impactarÃa la producción en sus rendimientos y costos, asà como la disponibilidad de alimentos y presionarÃa al alza el precio de los básicos y se afectarÃa, en primer lugar, a la población más vulnerable.
En tanto, el director general de la Asociación Nacional de Exportadores de Berries, Anberries, Juan José Flores, pidió a los senadores analizar con objetividad la iniciativa por las “graves implicaciones” que tendrÃa la prohibición de plaguicidas.
Solicitó que se aprenda de las experiencias en España y Sri Lanka, donde se tomaron decisiones precipitadas que después tuvieron que revertirse.
El director general de la Asociación Nacional de Procesadores de CÃtricos, Humberto Arenas, coincidió en que el problema no es que los plaguicidas sean en sà peligrosos, sino que son las dosis y el uso y aplicación adecuada de esos insumos los que deben guiar la polÃtica regulatoria.
El punto clave de dicha iniciativa se centra en que la SecretarÃa de Salud promueva la prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos y otros que perjudiquen la salud humana y los ecosistemas, asà como la transición hacia la utilización de sustancias naturales, garantizando la eliminación ambientalmente racional de las existencias de los plaguicidas, nutrientes vegetales, substancias tóxicas o peligrosas.
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