8 mil millones de pesos costaría la propuesta de elegir mediante el voto popular a consejeros y magistrados electorales, lo que contrasta con el principio de austeridad que busca el propio gobierno en su iniciativa de reforma electoral.
Lo anterior se plasma en un estudio de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, denominado“Ventajas, costos y riesgos de la elección popular de las autoridades electorales en México”, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro.
“La iniciativa del Ejecutivo Federal plantea que la elección de consejeros y magistrados sea por primera vez el 23 de febrero de 2023 y a partir de ahí el primer domingo de agosto cada seis años.
Ello supone un proceso electoral federal adicional al cual habría de destinar recursos económicos, prerrogativas y tiempos en radio y televisión, monitoreo de medios, labores de fiscalización, entre otras actividades.
“Si tomamos como parámetro el costo de los procesos electorales de los últimos años, la elección de consejeros y magistrados tendría un costo superior a 8 mil millones de pesos que supondrían una carga adicional para el sistema electoral mexicano”, revela el estudio.
En el documento el investigador afirma que la iniciativa del Ejecutivo ofrece ventajas como el fortalecimiento de la democracia, una mayor legitimidad de las autoridades electorales, así como posibilidades de mejora e innovación institucional como producto de la competencia política.
Sin embargo, deja ver, por otro lado, que la propuesta de elegir mediante el voto popular a consejeros y magistrados electorales también implica costos y riesgos que no deben perderse de vista en el proceso de deliberación legislativa.
.
De acuerdo con el análisis del IBD, en un contexto de hegemonía partidista como el que se ha configurado en nuestro país luego de la tercera alternancia del año 2018, la posibilidad de que los consejeros y magistrados elegidos por la ciudadanía pertenezcan al partido en el gobierno es muy alta, lo que convertiría nuevamente a las autoridades electorales en entidades dependientes del Poder Ejecutivo Federal.
El documento advierte que transformar tan radicalmente uno de los principales componentes del sistema electoral mexicano podría poner en riesgo la estabilidad política y social del país, en la medida en que se haría parte de la lucha por el poder a las autoridades encargadas de aplicar las normas y resolver las diferencias entre las fuerzas políticas.
En ese sentido, la investigación apunta que otro de los riesgos de convertir a los árbitros en jugadores es que la observación, aplicación y sanción de las normas electorales dejaría de ser un asunto técnico y legal para transformarse en una cuestión de popularidad sujeta a los humores y vaivenes de la competencia política.
.
El texto señala que uno de los mayores logros de la transición democrática en México fue que la función electoral dejara de ser una tarea del gobierno para convertirse en una auténtica labor del Estado, lo cual pudo ser posible gracias a la autonomía, su perfil ciudadano y la profesionalización de las autoridades electorales.
¡Síguenos en Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.
Síguenos en Facebook y entérate de las noticias trend de la semana
No hay comentarios.:
Publicar un comentario