Global Center for Human Rights realizó una revisión al financiamiento de la CIDH y la Corte IDH del 2009 al 2021, el resultado revela que los recursos llegan condicionados por países externos a la ONG e incluso particulares.
Pedimos que se haga una reforma del sistema interamericano de derechos humanos en pos de lograr una mayor transparenciaEs necesario que los países miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos puedan solicitar la realización de una auditoría forense, con enfoque en el cumplimiento de normas éticas y deontológicas, la cual goce de total externalidad e independencia del SIDH.
¿Qué sentirías si nosotros tenemos un juicio, una denuncia y de repente tú te enteras que yo estoy financiado al juez de nuestra causa? Eso es lo que está pasando con nuestros países en LatinoaméricaLa revisión realizada por Global Center for Human Rights a la información pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al financiamiento recibido del 2009 al 2021 demuestra entre varios puntos que, la SIDH es dependiente de países externos a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) con agendas específicas.
Lo que resulta de esto es alarmante, países que no reconocen la competencia de la corte, fuera de nuestro continente y que no han formado parte de la convención americana o incluso corporaciones privadas y organizaciones no gubernamentales, están pagando para que nuestros países cambien sus leyes a razón de ellos.
¿Qué quiere decir esto?, los derechos de los pueblos de América están a merced de intereses particulares y todo esto ocurre frente a nosotros.
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El sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) posee dos tipos de financiamiento, los fondos regulares y los fondos específicos el cual contempla contribuciones extraordinarias, todos estos fondos fueron revisados por el Global Center for Human Rights.
Lo que descubrimos es claro: existe corrupción y una total opacidad de los recursos que utiliza la SIDH.
El balance que hoy presenta Global Center for Human Rights, contiene ejemplos concretos de financiamientos problemáticos.
Constatamos que el país, organización o empresa que otorga estos recursos a través de contribuciones extraordinarias se coloca en una posición que le permite ejercer control en estos órganos que deberían responder a la OEA y no a particulares.
En un Estado de derecho, los poderes judiciales de los países se financian con recursos provenientes del presupuesto general de la administración nacional, que, a su vez, se nutre del tributo del conjunto de los ciudadanos, y no de contribuciones de las partes en un pleito.
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Para mejorar el funcionamiento y el financiamiento del SIDH, Global Center for Human Rights propone encarar con seriedad un proyecto de reforma y fortalecimiento basado en la transparencia, el respeto a los tratados y la independencia.
De no hacerlo, el SIDH no será libre de destinar los fondos a la actividad que más lo requiera su propio criterio, sino que seguirá redireccionarlos a la indique el país, organización o empresa aportante.
En el balance también mostramos como otros proyectos contienen elementos que entran en contradicción con las propias normas de los órganos de derechos humanos y se oponen al objeto y fin por los cuales los Estados Miembros reconocieron parcialmente su competencia al SIDH.
Esto debido a que han recibido influencia de Estados Observadores u organizaciones externas y los clasificamos en el balance de la siguiente manera: A- Sentencias de la Corte IDH; B- Opiniones consultivas; C- Informes de la CIDH y D- Proyectos diversos.
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