Una mujer en El Salvador, fue sentenciada a 30 años de prisión luego de sufrir un aborto involuntario tras una emergencia obstétrica. La mujer fue detenida mientras buscaba atención médica en un hospital público.
Cabe indicar que esta sería la primera condena de este tipo desde que Nayib Bukele asumió la presidencia, pues en 2021 desechó la reforma constitucional que legalizaba la interrupción del embarazo.
La mujer en cuestión fue identificada como “Esme”, de 28 años de edad. El aborto involuntario ocurrió cuando ella estaba sola en casa dando a luz en una zona rural en 2019. La joven empezó a tener complicaciones así que intentó trasladarse al hospital, pero el recién nacido perdió la vida.
Al inicio, Esme quien también es madre de una niña de siete años, fue acusada de “abortar”, pero ahora, a dos años de su detención es acusada de “homicidio agravado”.
La acusan de “homicidio agravado” en El Salvador
Tras lo ocurrido, Morena Herrera, presidenta de la organización Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto indicó que “La sentencia que condena a Esme es un duro golpe en el camino por superar la criminalización de las emergencias obstétricas que deben ser tratadas como problemas de salud pública y de garantía de derechos de las mujeres”.
Además, recordó la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para no penalizar las emergencias obstétricas.
Por su parte, la representante legal de Esme, indicó que la sentencia en contra de la joven privilegió la versión ofrecida por la Fiscalía General de la República que “estuvo cargada de estigmas y estereotipos de género”.
Cabe indicar que en el país salvadoreño, las mujeres que sufren abortos espontaneos y mortinatos, son sospehosas de practicarse un aborto voluntario. De acuerdo con Agrupación Ciudadana, en las últimas dos décadas han sido encarceladas al menos 181 mujeres tras presentar emergencias obstétricas.
El país de El Salvador prohíben el aborto de manera absoluta, a través de dos reformas (una realizada al Código Penal y otra a la Constitución). Se penalizó el aborto en todas sus formas desde 1998, con lo cual se castiga a las mujeres hasta con 50 años de cárcel y con 12 al personal médico que realiza la intervención. El delito de aborto consentido es penalizado con dos a ocho años de cárcel, pero muchas mujeres ya han sido procesadas por homicidio agravado con condenas de entre 30 y 50 años de cárcel.
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