PriceRunner, un sitio sueco de comparación de precios, ha presentado una demanda de 2.400 millones de dólares contra Google, alegando que el motor de búsqueda manipula los resultados de búsqueda para beneficiar sus propios servicios comerciales.
En la demanda, presentada el lunes, la empresa sueca afirma que el gigante tecnológico ha causado daños durante "muchos años" y afirma que la demanda masiva actúa como "una lucha para los consumidores que han sufrido enormemente por la infracción de la ley de competencia por parte de Google durante los últimos catorc años y aún hoy”.
“Esto también es una cuestión de supervivencia para muchas empresas emprendedoras europeas y oportunidades laborales dentro de la tecnología”, dijo el director ejecutivo de PriceRunner, Mikael Lindahl, sobre la demanda.
Google deberá pagar 2.400 millones de euros
La compañía, que cubre miles de tiendas en 25 países diferentes, busca ingresos que, según afirma, se han perdido en el Reino Unido desde 2008 y en Dinamarca y Suecia desde 2013.
Las prácticas comerciales de Google
Las prácticas comerciales de Google ya habían sido investigadas por los reguladores europeos, y la Comisión Europea dictaminó en 2017 que habían dado preferencia a Google Shopping en comparación con otros en sus resultados de búsqueda, violando las leyes antimonopolio.
Google recibió la orden de pagar 2.400 millones de euros (2.800 millones de dólares) como resultado del caso, un resultado contra el que han estado luchando. El Tribunal General de la Unión Europea confirmó el fallo en noviembre, pero Google ha seguido apelando la decisión. Google afirma que ha realizado cambios desde el fallo que han funcionado "con éxito".
Frederic Abrard, director del programa de Google Shopping Ads, dijo en un comunicado el lunes que es posible que PriceRunner no esté experimentando el mismo "crecimiento" que otras empresas desde los cambios, ya que "optó por no usar los anuncios de Shopping en Google".
Como informamos en las noticias, Google también dijo el lunes que, desde el fallo de 2017, su sistema está "sujeto a un monitoreo intensivo por parte de la Comisión de la UE y dos grupos de expertos externos".
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