Laura Imelda Pérez diputada de Morena, propone que ningún agresor de violencia familiar, doméstica o de género tenga la oportunidad de un cargo público.
La diputada suscribió una iniciativa de reforma para garantizar que ningún aspirante con estos cargos obtenga una diputación federal o local.
Argumentó que la iniciativa busca que las y los representantes populares federales y estatales sean personas capaces, con calidad moral y la población se sienta verdaderamente representada con personas honorables.
“La probidad, debe ser el requisito de elegibilidad, porque no basta con comprometerse con la igualdad y la vida libre de violencias, sino ser congruentes en la vida cotidiana”.
¿Cuáles son las prohibiciones del servidor público?
“Hoy, lo personal es político, y no se debe permitir agresores ejerciendo cargos públicos al amparo de la Ley”, expresó la diputada Laura Imelda Pérez.
Con esta iniciativa, se tendrá que reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Instituto Nacional Electoral para hacer un requisito para adquirir un cargo legislativo federal o estatal.
“No haber sido condenados o sancionados por violencia familiar, doméstica o agresión de género en el ámbito privado o público”, así como por delitos sexuales, contra la libertad sexual, intimidad corporal, y ser deudor alimentario moroso.
La diputada señaló que, se contempla, en un artículo transitorio, para que los congresos locales de las 32 entidades del país, adopten estas disposiciones para quienes pretendan aspirar a un cargo como servidores públicos.
Pérez Segura mencionó que hubo intentos importantes desde el INE para que los partidos políticos asumieran este compromiso, ante las quejas de afirman que los servidores públicos no están capacitados en derechos humanos.
Otro esfuerzo del INE en las elecciones fue el “He for she” promovida por ONU Mujeres, en el contexto del proceso electoral 2017-2018.
La diputada afirmó que hubo varios factores que impidieron que tuviera éxito en el proceso electoral pasado.
“Se adoptó iniciado el proceso electoral; no se contaban con bases jurídicas para solicitar información del tema a otras instituciones".
Instituto Nacional Electoral
"No había la obligación legal de homologar registros, y no existían bases de datos para que el INE determinara negar o cancelar el registro de alguna candidatura.
“Hay avances, pero no el éxito esperado. Por lo que resulta indispensable reforzar su mecanismo de actuación y otorgar garantías jurídicas, para que su aplicación sea correcta, vinculante y genere un cambio cultural de fondo.
Con esta propuesta la diputada de Morena afirmó que se busca que ningún aspirante a un cargo público tenga antecedentes de violencia y solo personas honorables pueden ser funcionarios públicos.
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