Brasil busca criminalizar a quienes toman atajos para vacunarse

Una iniciatova de ley busca catigar a quienes falsifiquen documentos para ser vacunados o entorpezcan de cualquier manera la aplicación de vacunas COVID-19 en Brasil.

Brasil podría imponer castigos de prisión contra quienes se salten el orden de vacunación contra COVID-19 para beneficiarse de las dosis que el gobierno ha empezado a aplicar en el país.

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También castigará corrupción en la vacunación

La iniciativa provino de la Cámara de Diputados, cuyo proyecto de ley 25/21 busca establecer una normativa para tipificar como delitos como el de “infracción del plan de inmunización” para quienes accedan a la vacuna fraudulentamente.

La Cámara de Diputados brasileña dijo en un comunicado que la pena por infringir el orden de prioridad en la vacunación tendrá una pena prevista de uno a tres años de prisión, además de una multa económica.

Según el portal de noticias G1, el delito que crea esta ley no es previsto actualmente en el Código Penal de Brasil, por lo que podría ser una ley totalmente nueva ante las exigencias de COVID-19.

- Además de castigar a quienes tomen atajos para obtener la inmunización, la propuesta de ley también criminaliza cualquier atentado contra el desarrollo del plan de vacunación en el país, esto tanto a nivel federal, estatal y municipal.

Adicionalmente, los legisladores aprobaron que la potencial ley cubra no solo las vacunas contra COVID-19, sino todas aquellas que sean necesarias en el futuro.

La condena podrá ser de 2 a 12 años de prisión cuando la persona que infrinja la ley sea un funcionario público que falsifique certificados médicos o cualquier otro documento para obtener la vacuna, en cuyo caso el delito cambia a “corrupción en un plan de inmunización”.

La ley anticorrupción en las vacunas también afectará a todo funcionario que omita o evite tomar las medidas necesarias para que dicho delito no se lleve a cabo, señala Sputnik.

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El Código Penal ahora prevé el delito de poner en peligro la vida o la salud de una persona. La pena es de prisión de tres meses a un año, pero el tiempo puede duplicarse si el peligro es causado por la simulación o la aplicación fraudulenta de una vacuna.

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