María Eugenia Campos Galván acusó al gobernador Javier Corral de querer impedir que participe en las elecciones de 2021.
La presidenta municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, señaló que el gobierno de Chihuahua, encabezado por Javier Corral, continúa con la persecución política en contra de su persona, con el objetivo de desacreditarla y vincularla a los llamados “Expedientes X”, esto como parte de la guerra sucia en su contra, porque no quiere verla compitiendo por la candidatura panista al gobierno estatal.-
Alcaldesa acusa a Javier Corral
Campos Galván detalló que promovió un amparo, el cual sigue en curso, con el que busca tener acceso a la supuesta investigación por parte del gobierno de Chihuahua, pues argumentó que “este amparo no es para impedir ningún arresto, es para conocer y defenderme de estas mentiras y acusaciones falsas que están construyendo desde su posición impune en el gobierno del estado (de Chihuahua)”.
Incluso, La Verdad Noticias publicó hace días que la edil estaba contratando un importante bufete de abogados para su defensa porque creía que Javier Corral la quería encarcelar.
Ojo: Así como @VicenteFoxQue desaforó a @lopezobrador_ para aniquilarlo como candidato presidencial, @Javier_Corral quiere meter a la cárcel a la alcaldesa de Chihuahua, @MaruCampos_G, también del PAN, para imponer a @GustavoMadero, el de los “moches”. https://t.co/7QEEh1NQEx
— Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) November 28, 2020
Según El Heraldo de México presentó una serie de audios y videos en los que se escucha y se ve la forma en que agentes de la Fiscalía Anticorrupción han perseguido y presionado a un excolaborador para que inculpe a Campos Galván de haber recibido recursos de manera ilícita.
- La alcaldesa comentó que Carlos Olson San Vicente, el subsecretario de Gobierno de Chihuahua, se puso en contacto con su excolaborador Pablo Canaán para entrevistarlo sobre una supuesta investigación en su contra.
Detalló que hasta la directora del Registro Civil del Gobierno de Chihuahua, Inés Martínez, está involucrada en la persecución, habló con Canaán para insistir en acordar una cita con Olson San Vicente. De igual forma, Martínez habría facilitado los datos personales de Canaán para que el Ministerio Público buscara al excolaborador de María Eugenia Campos Galván.
Sin embargo, aunque Canaán aceptó colaborar con las autoridades de la entidad, éstas acudieron a las casas de sus familiares para entregarles citatorios por multas de más de 50 mil pesos, pese a que tenían conocimiento de que el joven radica en la Ciudad de México.
Días después, Carlos Esparza Zamarripa, ministerio público de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, buscó a Canaán el 14 de noviembre y lo citó a una reunión para el jueves 19 de noviembre en la Ciudad de México, pero el funcionario no se presentó y agendaron otro encuentro para el viernes 20.
- La reunión fue grabada en video y audio, en la que se escucha que Esparza Zamarripa se identificó como “Ministerio Público, confirmó que estaban trabajando en la Ciudad de México desde hace semanas e interrogó a Pablo sobre su relación conmigo, su trabajo conmigo y le planteó que debía ser sincero para no tener problemas en esa investigación, que apuntaba a él”, detalló durante la conferencia Campos Galván.
María Eugenia Campos Galván
Durante el encuentro, se escucha en reiteradas ocasiones que Esparza Zamarripa cuestiona a Canaán si la alcaldesa María Eugenia Campos Galván le habría entregado dinero a cambio de “favores”. Sin embargo, Pablo negó que haya obtenido algo extra a cambio de su trabajo.
“Así es como funciona esta persecución: corrompiendo la Fiscalía ‘Anticorrupción’, violando su autonomía, al ponerla a las órdenes del subsecretario de Gobierno, Carlos Olson, o de quien le da ordenes a él, en un evidente ejercicio indebido de funciones y tráfico de influencias, motivados exclusivamente por sus ambiciones políticas, sus filias y fobias personales”, declaró la alcaldesa.
Señaló que el gobierno de Javier Corral invierte más recursos y empeño en la persecución política que a tratar el problema de la pandemia por el Covid-19.
“Hago responsable a Carlos Olson San Vicente, a Carlos Esparza Zamarripa, a Inés Martínez, a la Fiscalía Anticorrupción y, en general, al gobierno de Chihuahua de lo que pudiera ocurrirle a Pablo Canaán, a su familia o a su servidora, a mi familia y a todo mi equipo de trabajo”, dijo.
Hizo un llamado a los jueves para que valoren las pruebas que presentó sobre la persecución política de la que es víctima, así como sus excolaboradores. “Que no se dobleguen como la he hecho la fiscalía anticorrupción, que cumplan a cabalidad con su obligación de impartir justica de manera imparcial. Tengo confianza en el Poder Judicial y en su independencia”, concluyó.
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