Diputados de los Congresos de Oaxaca y Chihuahua avalaron iniciativas para prohibir que personas con antecedentes comprobados en delitos contra la libertad sexual, violencia de género, o quienes no cumplan pensiones alimenticias y hayan sido agresores de violencia familiar, no puedan acceder a cargos públicos.
Oaxaca y Chihuahua legisla sobre cargos públicos
-Este tipo de iniciativas se promueven ya en otros ocho Congresos del país, el pasado 28 de mayo en Oaxaca únicamente se aprobó como causal para decretar la nulidad de elección cuando al candidato ganador se le acredite violencia política en razón de género.
En tanto que en el estado de Chihuahua el decreto fue aprobado el pasado 29 de junio en función de no permitir a deudores alimenticios o personas con antecedentes penales y policiales por violencia familiar, presentarse como candidatos a gobernador, diputado, regidor o presidente municipal.
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El siguiente estado que busca una legislación al respecto es Estado de México, donde el pasado 30 de julio, el diputado por Morena, Gabriel Gutiérrez Cureño presentó ante su Legislatura una iniciativa relacionada con el tema.
Durante la sesión en el congreso mexiquense, el diputado Gutiérrez Cureño comentó que su iniciativa pretende “abonar en favor de la lucha por los derechos humanos de las mujeres y los hombres”, además de lograr una nueva clase política emergente, preparada para las nuevas condiciones económicas, políticas y sociales que la nueva era impone a todas las personas públicas servidoras del Estado de México.
La iniciativa del diputado morenista fue inicialmente presentada el pasado 12 de marzo en conjunto con el colectivo feminista “Las Constituyentes CdMx” dentro del Grupo Parlamentario Morena del Estado de México.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer semestre de 2020 en el Estado de México se denunciaron 63 feminicidios, de igual manera se sumaron seis mil 768 mujeres víctimas de lesiones dolosas y además se denunciaron ante la autoridad seis mil 95 delitos de violencia familiar.
Iniciativas similares se promueven en el Legislativo de Tabasco, Zacatecas, Hidalgo, Morelos y Guerrero.
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