Este jueves comenzó el debate sobre la despenalización del aborto en la Corte Constitucional de Colombia, ya que los magistrados tienen a más tardar el viernes para emitir su decisión que será decisiva para los derechos de las mujeres.
Actualmente, la Corte analiza dos demandas presentadas por Causa Justa -organización que aglutina casi un centenar de organizaciones feministas-, en la que argumenta, entre otras cuestiones, que el aborto ahonda la desigualdad entre mujeres y que “no ha sido eficaz ni justo y sí discriminatorio”.
“La Corte Constitucional tiene en sus manos muchas razones en derecho, que además son potentes desde la perspectiva de salud pública, desde la perspectiva de la protección de derechos humanos de las mujeres”, dijo Ana Cristina González, cofundadora de la Mesa por la Vida y una de las pioneras de Causa Justa.
Corte Constitucional de Colombia decidirá sobre el aborto legal
Es preciso mencionar que, el aborto en Colombia sólo está permitido en tres causales:
Aborto en Colombia
Las barreras para abortar incluso en los supuestos estipulados han provocado que los abortos legales sean solo entre el 1 y el 12% de los que se practican en todo el país, según la estadística a la que se acuda.
Por abortar en Colombia, a las mujeres se las condena siete veces más que a los victimarios de violencia doméstica y el doble que a los de violencia sexual, según Causa Justa. Además, el aborto no consentido, es decir, el que se le practica a una mujer sin que lo pida apenas se investiga y de las condenas por aborto menos del 3% son de este tipo.
De acuerdo con la información que consultó las noticias es que se debe recaudar cinco votos favorables para que salga adelante, y hasta el momento, según fuentes cercanas al proceso, habría cuatro apoyos y quedaría que alguna de las mujeres magistradas se uniera.
Si finalmente se despenaliza, "por supuesto que es un camino largo, pero es un camino menos tortuoso", explica González. Quedaría regularlo porque la Corte Constitucional muy probablemente no vaya a decidir las semanas en las que se pueda practicar una interrupción voluntaria del embarazo, pero al menos ya no será sancionado.
Lo anterior implicaría que los más de 5 mil procesos que hay abiertos actualmente en la Justicia por aborto se cerrarían inmediatamente y que incluso las condenas de las mujeres que están en prisión por este delito podrían revisarse.
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